El jueves 9 de septiembre, los legisladores aprobaron mayoritariamente la construcción del oleoducto que impulsa YPF, parte de su proyecto “Vaca Muerta sur” que requerirá el tendido de un ducto hasta Punta Colorada, en Sierra Grande, a muy pocos kilómetros del balneario costero Playas Doradas. Para el 2023 se buscará incluir al proyecto una mega terminal marítima en las costas del Golfo San Matías que se convertirá en el mayor puerto exportador de petróleo del país. La empresa de bandera nacional impulsará también con su socia petrolera noruega Equino, la realización del primer pozo exploratorio en el área marítima conocida como “Argerich-1”, que se llevará a cabo el primer semestre de 2023 a unos 300km de la ciudad turística Mar del Plata. Estos dos proyectos son resistidos por asambleas socioambientales de la costa argentina por un mar sin petroleras, y por lxs vecinxs autoconvocadxs que les preocupa la contaminación de sus territorios y la pérdida de biodiversidad y fauna marítima.
La ley provincial N°3308, sancionada al calor de la voluntad popular, promulgada en la provincia en el año 1995, protegió por 27 años al territorio rionegrino de la tareas de exploración, explotación y extracción petrolífera y gasífera, de la construcción de oleoductos, gasoductos y la construcción de terminales portuarias. La ley fue modificada en cierta parte, por lo que la exploración y explotación petrolera sigue prohibida.
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Según la información recolectada, se espera que en marzo del 2023 se inicien las obras en el primer tramo Vaca Muerta – Allen y en simultáneo también se comenzarán los trabajos de movimiento de suelo en las costas del Golfo San Matías. En este sentido las comunidades rionegrinas y las asambleas nucleadas en las Asambleas del Curruleufú denunciaron que en Río Negro se “legisla para el saqueo (…) a partir de los dictados de los intereses de las grandes corporaciones petroleras (…) sin debate, sin consulta previa a la población, sin brindar información previa y violando el acuerdo de Escazú” poniendo en duda los mecanismos democráticos, derecho de los vecinxs, para posicionarse en contra de estos proyectos extractivistas que saquean los territorios.
La ley n°3308 nació en 1995 de las luchas comunitarias en rechazo al proyecto de YPF para construir un oleoducto desde puerto Hernández, Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas, por ponerse en riesgo actividades como el turismo y la pesca, históricas fuentes de trabajo genuino. Según la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo, el cambio de ley “afectaría al Parque Nacional Islote Lobos y las áreas naturales protegidas bahía de San Antonio, Punta Bermeja, Reserva Caleta de los Loros y Puertos Lobos, sitios de gran biodiversidad y hábitat de especies como la ballena Franca Austral, el pingüino de Magallanes y el playero rojizo (en amenaza de extinción)”.
La multisectorial tomará medidas legales por la violación de la Ley General de Ambiente, el Convenio 169 de la OIT, que contará con el acompañamiento de la Asociación de Abogades Ambientalistas. El siguiente pasó comenzara con la presentación judicial en contra la iniciativa de YPF y el gobierno de Rio Negro. Según Agencia Tierra Viva “La estrategia legal buscará conseguir el respaldo del Poder Judicial frente a una serie de ilegalidades que desde la multisectorial señalan sobre la modificación de la 3308: principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, entre ellos la falta de acceso a la información y participación de la ciudadanía; como también la violación del principio de no regresión sostenido en la Ley General de Ambiente. O la falta de consulta previa a los Pueblos Originarios presentes en el territorio que recorrerá el oleoducto desde Vaca Muerta hasta el Golfo de San Matías.”. Derrame de petróleo en Catriel, Rio Negro en diciembre de 2021.
Como antecedente, las asambleas de Curruleufú vienen manifestando, que continúan esperando que los bloques de la legislatura y la gobernadora Arabela Carreras contesten las 60 preguntas que presentaron formalmente sobre el proyecto de Hidrógeno Verde, para el cual cedieron a una empresa extranjera, 625.000 hectáreas ubicadas en la Meseta de Somuncurá. Asimismo, el programa de conservación del cóndor andino se encuentra en campaña para que no se instale el parque eólico en la meseta, ya que el Plan de Manejo de esta área natural impide el emplazamiento de industrias. El programa, además, denunció en abril de este año por su página de Facebook, que las empresas que pretenden generar energía que no se consumirá en Argentina, son empresas extranjeras y que la instalación del “megaproyecto de la Fortescue Future Industries incluye el emplazamiento de parques eólicos en plena área de vuelo de cóndores andinos. Los choques contra las aspas de los aerogeneradores pondrán en peligro la supervivencia de esta especie amenazada”.
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