El pueblo mendocino se mantiene alerta ante un nuevo proyecto a favor de la zonificación minera en el departamento de Malargüe.
La senadora provincial Jessica Laferte, esposa del intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda desoyen una conquista popular: la Ley n°7722, ley guardiana del agua, que la protege contra las sustancias tóxicas de la minería desde su aprobación en 2007 .
Al igual que el gobernador Rodolfo Suárez en diciembre de 2019, otra vez el gobierno traiciona la voluntad popular y busca avanzar con un proyecto que no cuenta con licencia social . Tanto desde Cambiemos como sectores políticos del PJ, buscan legitimar la minería contaminante dejando sin efecto la Ley n°7722 en el departamento. Si se aprueba el proyecto de zonificación minera se les permitiría a las empresas utilizar sustancias altamente tóxicas como el xantato y cianuro, envenenando el agua, contaminando el ambiente y matando la vida.
Avanzar con este proyecto zonificación minera significaría violar la Ley n°27.566 que ratifica el acuerdo de Escazú , el cual establece el principio de no regresión en materia ambiental por lo que cualquier modificación minera que reduzca el alcance de la Ley n°7722 es inconstitucional.
Esta decisión del oficialismo provincial se encuentra en consonancia con la política nacional que quiere desarrollar el gobierno ante la asunción del superministro Sergio Massa. La idea es sencilla: Mas saqueo para los territorios provinciales y más divisas para el gobierno nacional que debe cumplir con las metas propuestas ante el FMI por una deuda completamente fraudulenta, tomada sólo mediante un DNU del entonces presidente Mauricio Macri.
Sin embargo la voluntad popular siempre ha sido clara, en ferviente oposición a estos proyectos extractivistas. Una vez más el pueblo de Mendoza asegura que el agua no se negocia. Desde el resto del país debemos apoyar esta resistencia del pueblo contra el avance minero, difundiendo su lucha y estando atentx a los acontecimientos.
Este mismo avance minero se pretende hacer en otras provincias como en Chubut, donde el pueblo chubutense de la ciudad de Esquel ya manifestó mediante un referéndum en 2003, un 81% de rechazo a la explotación minera. Ese mismo año el gobierno provincial prohibió la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera, sólo después de movilizaciones sociales en toda la provincia.
Tanto la Ley n°5001 como la Ley n°7722 son conquistas populares y es nuestro deber defender esos derechos. El agua no se negocia, ni en Chubut ni en Mendoza, ni en cualquier otra provincia, debemos llevar con nosotros esa convicción. Debemos entender que no se trata de hechos aislados, sino que son las mismas empresas multinacionales que buscan adentrarse en todas las provincias y países de Latino América, ya que en sus propios países de origen la actividad minera a cielo abierto está prohibida. Pero aunque nuestros gobiernos sean débiles, nuestra voluntad popular y convicciones son fuertes.
En Catamarca se realizará este 22 y 23 de octubre el Festival Para Los Pueblos “ Puentes de Aguas” a fin de unificar fuerzas: “Confluir, como los ríos, para sumar y luchar entre todxs.”
La zonificación minera en Malargüe daría vía libre a la megaminería, la cual secaría y contaminaría el territorio provincial sentando un precedente sumamente peligroso. La postura de los grandes medios de desinformación y los empresarios del mal es insistir en los supuestos beneficios que trae la actividad minera, poniendo como ejemplo a las provincias de San Juan (donde la gente no tienen agua para consumir y las mineras destruyen glaciares, contaminan ríos y exportan más de lo declarado) y Catamarca, en la que gran cantidad de las personas no cuenta con los insumos básicos para vivir.
No se trata de hechos aislados, vienen por todo y defenderemos con todo.
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